Resumen

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Aunque la emisión de un comprobante permite registrar formalmente el servicio prestado, este documento no garantiza que el trabajador independiente realice aportes para su pensión, cuente con cobertura de salud o disponga de recursos para afrontar los periodos en los que no percibe ingresos. El estudio tuvo como objetivo diseñar un sistema digital que vincule cada servicio autónomo formalizado con aportes verificables para la previsión, la salud, el descanso y las contingencias, sin alterar la naturaleza civil de una prestación realmente independiente. Se aplicó un diseño documental, propositivo y no experimental, complementado con modelación matemática y análisis de escenarios. La propuesta integra el Honorario Integral Protegido, el Recibo por Honorarios con Protección Social y la Cuenta Individual de Protección Social del Independiente mediante una arquitectura interoperable. En el escenario ilustrativo, la tasa agregada de protección alcanza el 35.66% del honorario base, integrada por el 10% para la pensión, el 9% para la salud, el 8.33% para el fondo de descanso y el 8.33% para el fondo de contingencia. Esta tasa no se plantea como parámetro legal definitivo, pues su viabilidad depende de la capacidad de pago, la elasticidad de la contratación, el costo administrativo y los estudios actuariales. Los resultados del diseño muestran que un pago único puede distribuir recursos entre el prestador y los destinos de protección, mientras la cuenta individual consolida aportes de varios clientes sin revelar información ajena a cada operación. Se propone un piloto para 10 000 trabajadores y 2 000 contratantes, seguido de una expansión condicionada a resultados entre 2027 y 2030. La propuesta requiere validación jurídica, económica, actuarial, tecnológica y laboral antes de su adopción nacional.

Palabras clave. trabajo independiente, formalización, protección social portable, interoperabilidad, política pública

Introducción

Cuando una pequeña empresa presta servicios a una organización de mayor tamaño, se da una dificultad que se repite en muchas contrataciones especializadas, que es que las empresas solicitan profesionales con experiencia, certificaciones y estudios avanzados, pero los márgenes del proveedor pequeño pueden resultar insuficientes para sostener una relación laboral cuando el encargo es temporal, parcial o depende de un proyecto. En los casos donde existe empleo subordinado, el costo también comprende las obligaciones tributarias, previsionales y sanitarias, las liquidaciones y, según la actividad, el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, el Seguro Vida Ley y los exámenes médicos ocupacionales. Esta situación favorece el uso de contratos civiles, aunque también puede dar lugar a operaciones no documentadas o a recibos por honorarios que formalizan el pago sin generar una trayectoria continua de protección social. En ese contexto, el problema no se resuelve trasladando al trabajo independiente todas las obligaciones propias del empleo subordinado, pero tampoco puede ignorarse que los ingresos variables dificultan el acceso a la salud contributiva, la previsión y las reservas para los períodos sin actividad.

La magnitud del problema se puede observar en las cifras estimadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2026) al señalar que el 69.8% de la población ocupada tuvo empleo informal entre abril de 2025 y marzo de 2026. Aunque la informalidad abarca realidades distintas y no todo trabajador independiente se encuentra en la misma situación, la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2024a) identificó que esta categoría representa cerca del 40% de la población ocupada y que el 81% se encontraba en empleo informal, con una afiliación muy reducida a la seguridad social contributiva. La cobertura monetaria de protección social también permanece limitada, debido a que en 2024 solo el 30.1% de la población estuvo cubierta por alguna prestación monetaria o cotizó a un régimen de seguridad social (OIT, 2026a).

La emisión obligatoria del recibo por honorarios electrónico desde 2017 permite documentar las rentas de cuarta categoría y ofrece una infraestructura tributaria que puede aprovecharse, pero el comprobante actual no distribuye automáticamente recursos hacia la pensión, la salud ni otros mecanismos de protección (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria [SUNAT], s. f.). Al mismo tiempo, la reforma previsional peruana ha tenido cambios recientes, porque la obligación de aportar que se proyectó para los independientes fue retirada y el aporte continúa siendo facultativo después de la modificación reglamentaria de 2026 (Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], 2026). La propuesta se formula, por tanto, dentro de un escenario en el que la adhesión, los incentivos y la utilidad visible para el prestador adquieren mayor peso que una imposición aislada.

La OIT (2015) plantea que la transición hacia la formalidad debe respetar los derechos fundamentales, la seguridad de los ingresos y las condiciones que permiten sostener las unidades económicas, mientras la Recomendación 202 propone pisos de protección adaptados a las circunstancias nacionales (OIT, 2012). Esta perspectiva evita reducir la formalización al registro tributario y obliga a considerar la protección efectiva. En el caso de los independientes, los ingresos pueden proceder de varios clientes, cambiar entre meses y combinar servicios por hora, por proyecto o por entregable, de modo que la protección necesita acompañar a la persona y acumularse entre operaciones.

Con el propósito de vincular cada servicio independiente con una forma concreta de protección, Una Hora Formal integra el honorario pactado, un comprobante electrónico que detalla la distribución del pago, una cuenta individual que reúne los aportes de distintos clientes y un sistema de intercambio de información entre las entidades participantes. La denominación del programa utiliza la hora como una referencia fácil de comprender, pero su aplicación también puede extenderse a los servicios contratados por días, proyectos o entregables. Mediante este diseño se busca que una parte de cada pago contribuya a la pensión, la salud y las reservas personales del trabajador independiente, sin utilizar el sistema para reemplazar relaciones laborales ni reducir los derechos de quienes prestan servicios bajo subordinación.

Teniendo en cuenta lo señalado, la pregunta que orientó el estudio fue cómo diseñar un mecanismo sencillo, digital, proporcional y portable para que los pagos por servicios independientes generen protección social verificable sin imponer una carga administrativa desproporcionada a las micro y pequeñas empresas ni encubrir relaciones laborales. De esta pregunta se desprendieron seis asuntos que el diseño debía resolver, relacionados con la vinculación del ingreso con la salud y la previsión, la creación de reservas para el descanso y las contingencias, la consolidación de aportes procedentes de varios clientes, el pago en una sola operación, la prevención de la falsa independencia y la elección de tasas que no desincentiven la formalidad.

El objetivo general fue diseñar un régimen simplificado de formalización y protección social para trabajadores independientes que incorpore, dentro del costo integral del servicio, componentes proporcionales destinados a la pensión, la salud, el descanso y la reducción o interrupción de ingresos. Los objetivos específicos comprendieron la simplificación de la contratación formal, la vinculación de cada comprobante con aportes efectivos, la portabilidad entre clientes, la distribución mediante un solo pago, la ampliación progresiva de la cobertura, la creación de fondos individuales, la protección de la relación laboral, la interoperabilidad institucional y la producción de información agregada para evaluar el programa.

El estudio parte de la hipótesis de que los trabajadores independientes y sus contratantes utilizarán con mayor frecuencia los medios formales cuando el procedimiento sea sencillo, pueda realizarse por canales digitales y permita reconocer con claridad los beneficios obtenidos. Esta posibilidad tendrá que comprobarse, debido a que el incremento del costo total del servicio también podría disminuir la contratación o motivar que algunas operaciones permanezcan fuera del sistema. Para conocer el efecto real de la propuesta, el programa piloto medirá cuántas personas comienzan a utilizarlo, cuántas continúan después de los primeros meses, qué protección reciben, cuánto pueden aportar y si el mecanismo está siendo empleado para sustituir puestos de trabajo subordinados.

Método

La investigación siguió un diseño documental, propositivo y no experimental, orientado a construir y evaluar conceptualmente una alternativa de política pública. El análisis reunió las normas peruanas sobre las rentas de cuarta categoría, la seguridad social, la previsión, la protección de datos y el gobierno digital, además de las estadísticas oficiales y la literatura institucional sobre el trabajo independiente. La revisión consideró la vigencia normativa hasta octubre de 2026, con atención a los cambios introducidos en el sistema previsional y al nuevo Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales.

Para desarrollar el modelo se comenzó por diferenciar el registro formal de un servicio de la protección que el trabajador puede mantener a lo largo del tiempo, ya que ambas condiciones no siempre se presentan juntas. Sobre esta distinción se diseñaron el Honorario Integral Protegido, el Recibo por Honorarios con Protección Social y la Cuenta Individual de Protección Social del Independiente. Posteriormente, las fórmulas permitieron calcular la distribución de los recursos para diferentes montos de honorarios, mientras el diseño institucional estableció la participación de las entidades en la emisión, el pago, la transferencia de los aportes, la consulta, la fiscalización y la evaluación. El componente normativo se formuló como un anteproyecto sujeto a revisión y aprobación, debido a que sus disposiciones todavía no forman parte de la legislación peruana.

Para comprobar el funcionamiento de las fórmulas se utilizó un escenario ilustrativo que destina el 10% del honorario base a la pensión, el 9% a la salud, el 8,33% al fondo de descanso y el 8,33% al fondo de contingencia. La suma de estos componentes alcanza el 35,66%, porcentaje que solo permite realizar los cálculos del estudio y que no ha sido obtenido mediante una evaluación actuarial. Las simulaciones también consideraron tasas totales del 15%, el 20%, el 25%, el 30% y el 35%, además de servicios pagados por hora, trabajos realizados para varios clientes, ingresos que cambian entre los meses y diferentes niveles de participación nacional. Los resultados se presentan en soles y, excepto cuando se señala expresamente, no incorporan los rendimientos financieros, las comisiones, los subsidios ni los costos de administración.

Como la investigación se desarrolló mediante la revisión de fuentes y la elaboración de simulaciones, no se realizaron encuestas, entrevistas ni pruebas con trabajadores o empresas. Los resultados muestran cómo funcionaría el modelo bajo los supuestos establecidos, pero todavía no permiten asegurar que aumentará la formalización, que los participantes aceptarán los porcentajes propuestos o que los aportes destinados a la salud serán suficientes para financiar una cobertura específica. Antes de tomar decisiones legales o asignar recursos públicos será necesario conocer la opinión de los trabajadores independientes y las MYPE, realizar los estudios financieros y actuariales correspondientes y someter el programa piloto a una evaluación externa.

Resultados del diseño

Modelo conceptual y principios

La propuesta vincula la protección social con el trabajador independiente de tal forma que los aportes puedan mantenerse cuando la persona cambia de proyecto, presta servicios en otra ciudad o recibe ingresos distintos cada mes. Los pagos realizados por varios contratantes se registrarían en una misma cuenta y formarían un historial continuo a nombre del prestador. McClanahan et al. (2026) señalan que los sistemas dirigidos a los trabajadores por cuenta propia deben adaptarse a la variación de sus ingresos, simplificar el pago de las contribuciones y presentar procedimientos que puedan comprenderse y utilizarse con facilidad.

Para cumplir esta función, el Sistema Integral de Formalización y Protección Social del Trabajador Independiente se divide en cuatro capas relacionadas entre sí. La capa económica calcula el Honorario Integral Protegido, mientras la capa documental registra la operación mediante el Recibo por Honorarios con Protección Social. La capa individual reúne en una sola cuenta los aportes generados por diferentes clientes y la capa institucional permite que las entidades intercambien la información necesaria para procesar, verificar y supervisar cada operación. Cada institución mantiene sus responsabilidades, lo que evita trasladar la administración tributaria, la salud, la previsión y la fiscalización a una nueva entidad.

La relación entre el servicio independiente, el comprobante electrónico, el pago integral y la distribución de los componentes de protección se representa en la Figura 1, donde también se muestran los beneficios esperados para el prestador y el contratante.

Figura 1

Representación general del Sistema Integral de Formalización y Protección Social del Trabajador Independiente

Nota. Elaboración propia. Los componentes asociados al descanso y la contingencia son fondos individuales propuestos y no equivalen jurídicamente a las vacaciones ni a la compensación por tiempo de servicios.  

Tabla 1

Principios del sistema y aplicación prevista

Nota. Elaboración propia.

El nombre Una Hora Formal utiliza la hora como una referencia para explicar que incluso un servicio de corta duración puede contribuir a la protección del trabajador independiente, aunque el sistema también admite contratos por días, proyectos, entregables o servicios completos. Antes de aceptar el trabajo, el prestador podría revisar el honorario base, los montos destinados a cada componente de protección, las retenciones aplicables, el importe total y las condiciones para utilizar los fondos. El contratante, por su parte, conocería el costo completo antes de autorizar el pago.

Honorario Integral Protegido

Dentro del sistema propuesto, el Honorario Integral Protegido corresponde al importe completo que el contratante pagaría por un servicio independiente. Este valor mantiene separado el honorario acordado con el prestador de los montos destinados a la pensión, la salud, el fondo de descanso y el fondo de contingencia, lo que permite conocer cuánto recibirá directamente el trabajador y cuánto será transferido a su protección. Esta separación también evita que los aportes se descuenten del honorario sin que las partes puedan identificarlos. El cálculo se representa mediante la siguiente expresión.

HIP = HB + CP + CS + CD + CC	(1)
CP = rₚ × HB;   CS = rₛ × HB;   CD = r_d × HB;   CC = r_c × HB	(2)
HIP = HB × (1 + rₚ + rₛ + r_d + r_c)	(3)

En donde, HB es el honorario base; CP corresponde al componente previsional; CS representa el componente de salud; CD identifica el fondo de descanso; CC corresponde al fondo de contingencia; y cada r expresa la tasa aplicable. El escenario empleó las tasas ilustrativas que se muestran en la Tabla 2.

 

Tabla 2

Simulación del Honorario Integral Protegido por hora

Nota. Los cálculos usan una tasa total de protección del 35.66%. Los valores se redondearon a dos decimales y no constituyen tasas legales.

r_T = 0.10 + 0.09 + 0.0833 + 0.0833 = 0.3566	(4)
HIP = 1.3566 × HB	(5)
HB_m = h × v_h	(6)
HIP_m = h × v_h × (1 + r_T)	(7)

Cuando h representa las horas formalizadas y v_h corresponde al honorario base por hora, las ecuaciones 6 y 7 permiten calcular el flujo del período. En los servicios por proyecto, el precio base del entregable reemplaza directamente el producto entre las horas y la tarifa. La tasa agregada puede variar, razón por la cual se compararon escenarios que muestran el incremento por cada S/ 100 de honorario.

Tabla 3

Sensibilidad del costo integral ante cambios en la tasa de protección

Nota. Elaboración propia a partir de HIP = HB × (1 + r_T).

Para financiar los componentes de protección pueden utilizarse tres alternativas. En la primera, los aportes se suman al honorario base y el trabajador recibe íntegramente la cantidad acordada por el servicio. En la segunda, las partes pactan un precio total que posteriormente se distribuye entre el honorario y la protección. En la tercera, el costo se reparte entre los aportes privados y determinados incentivos públicos de carácter temporal. Para el programa piloto se propone utilizar la primera alternativa, porque permite distinguir con claridad la retribución del prestador y los montos asignados a cada componente, aunque será necesario evaluar si el aumento del precio modifica la decisión de contratar el servicio.

Recibo por Honorarios con Protección Social

Para que el Honorario Integral Protegido pueda registrarse y distribuirse mediante una misma operación, se propone crear el Recibo por Honorarios con Protección Social, un comprobante electrónico que incorporaría al registro tributario los montos destinados a cada componente de protección. Su puesta en funcionamiento requeriría cambios normativos y tecnológicos, además de campos que permitan identificar al prestador y al contratante, describir el servicio, precisar la unidad de contratación y las horas cuando corresponda, y mostrar el honorario, los aportes, las retenciones y el importe total. Cada comprobante tendría también un identificador único para verificar que el pago y las transferencias correspondan al servicio registrado.

Una vez ingresada la información del servicio, el sistema calcularía el Honorario Integral Protegido y mostraría su distribución para que las partes puedan revisarla antes de emitir el comprobante. El contratante realizaría una sola transferencia y la entidad autorizada enviaría el honorario al prestador y los aportes a sus respectivos destinos. Después se verificarían los montos recibidos y se registraría la confirmación de cada transferencia, ya que emitir el recibo no demuestra que los recursos destinados a la protección hayan sido depositados.

Si una operación necesitara corregirse, anularse o dar lugar a una devolución, el sistema conservaría los registros necesarios para relacionar el comprobante original con el pago y los aportes realizados. Cuando los recursos ya hubieran llegado a los fondos o a las entidades administradoras, su devolución tendría que seguir procedimientos específicos que eviten retiros indebidos y diferencias entre los registros contables. La normativa tributaria también debería precisar qué parte del pago constituye renta del prestador y qué tratamiento reciben los montos transferidos directamente a los componentes de protección.

Tabla 4

Comparación funcional entre el comprobante convencional y el recibo propuesto

Nota. RHPS significa Recibo por Honorarios con Protección Social; CIPSI significa Cuenta Individual de Protección Social del Independiente. Elaboración propia.

Cuenta Individual de Protección Social del Independiente

Para que el trabajador pueda consultar los aportes generados por los servicios que presta a distintos clientes, la Cuenta Individual de Protección Social del Independiente reuniría en un solo registro los saldos y los movimientos reportados por las entidades autorizadas. Su función sería facilitar el acceso a esta información, sin exigir la apertura de otra cuenta bancaria ni concentrar la custodia del dinero, que permanecería en las instituciones correspondientes. Aunque la persona cambie de cliente o trabaje para varios contratantes, conservaría el historial de sus aportes, de modo que la portabilidad se expresaría mediante la suma de las contribuciones procedentes de cada operación.

CIPSI_i = Σ aportes de la persona i procedentes de todos sus clientes

(8)

 

 

Tabla 5

Información visible en la cuenta individual

Nota. Elaboración propia.

Para proteger la información del trabajador, cada contratante podría consultar únicamente los servicios y los pagos en los que haya participado, sin acceder a los ingresos totales ni conocer la identidad de los demás clientes. El titular tendría acceso al historial completo de sus operaciones, mientras las entidades participantes recibirían solo los datos necesarios para cumplir sus responsabilidades. Estas restricciones deberán incorporarse al diseño de la plataforma conforme al Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, aprobado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2024), que establece obligaciones para utilizar los datos con una finalidad definida, limitar su tratamiento a lo necesario y adoptar medidas de seguridad.

El acceso a la cuenta se protegería mediante la autenticación multifactor, acompañada de alertas sobre los cambios realizados y registros que permitan identificar los dispositivos utilizados y los accesos a la información. En la consulta mensual, el trabajador podría revisar las horas o los proyectos registrados, el número de clientes, los honorarios, los aportes y los saldos de sus fondos. Si decide cambiar de administradora o utilizar otro mecanismo autorizado, conservaría su historial mediante formatos compatibles que permitan trasladar la información sin depender de un único proveedor tecnológico.

Arquitectura tecnológica, interoperabilidad y gobernanza

Para que el registro del servicio, la emisión del comprobante, el pago y la distribución de los aportes puedan realizarse sin repetir trámites, el sistema necesita conectar los servicios digitales de las entidades participantes. La Presidencia del Consejo de Ministros (2018, 2021), mediante el Decreto Legislativo 1412 y su reglamento, establece las disposiciones para gestionar la identidad digital, los datos, la seguridad y el intercambio de información entre las instituciones públicas. Este marco permitiría aprovechar servicios existentes, como la Plataforma de Interoperabilidad del Estado, siempre que cada consulta esté autorizada legalmente, responda a una finalidad específica y cuente con controles de acceso. X-Road y las interfaces de programación se consideran referencias técnicas para conectar los sistemas, pero su elección dependerá de la compatibilidad con la infraestructura disponible. El diseño definitivo deberá reutilizar las capacidades estatales que resulten adecuadas y evitar la creación de una plataforma paralela que repita funciones ya implementadas.

Figura 2

Arquitectura institucional de interoperabilidad planteada para el sistema

Nota. Representación elaborada por el autor. La imagen utiliza la denominación RHP-P y menciona la CTS como referencia funcional; el artículo adopta RHPS y reemplaza esa equivalencia por fondos individuales de descanso y contingencia, cuya creación depende de una Ley. La arquitectura definitiva deberá ajustarse a las competencias vigentes y no supone que una entidad comparta toda su base de datos.

Desde el registro del servicio hasta la actualización de la CIPSI, la plataforma seguiría una secuencia que permita emitir el RHPS, calcular el importe, recibir el pago y distribuir el honorario y los componentes de protección. El módulo de cálculo aplicaría las tasas, los topes, los montos mínimos, las retenciones y los criterios de elegibilidad correspondientes a cada operación. Cuando estas reglas cambien, el sistema conservaría sus versiones anteriores y las fechas de vigencia, de manera que una revisión posterior pueda comprobar cómo se obtuvo cada importe.

Como la plataforma procesaría información personal y pagos, su diseño incorporaría el cifrado de los datos durante la transmisión y el almacenamiento, la autenticación multifactor y permisos limitados a las funciones de cada usuario. También se protegerían los registros de las operaciones, se vigilarían los posibles fraudes y se realizarían pruebas de respuesta a incidentes y recuperación del servicio. Aunque comenzaría con un piloto, el sistema debería prepararse para un volumen de millones de transacciones mediante módulos que puedan ampliarse por separado, colas para conciliar los pagos y herramientas para supervisar su funcionamiento. Ante una interrupción, los procedimientos de recuperación permitirían completar la operación pendiente sin efectuar un segundo cobro.

Para coordinar el funcionamiento del sistema se propone aprovechar las competencias de las instituciones existentes, sin crear una entidad adicional que asuma todas las funciones. Participarían el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el MEF, la SUNAT, EsSalud, las entidades previsionales, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Cada proceso tendría una institución responsable y compromisos definidos sobre los plazos, la atención y la continuidad del servicio. La coordinación incluiría espacios de consulta con las MYPE, los trabajadores independientes, los colegios profesionales, las universidades y los especialistas, para considerar sus necesidades durante el diseño y la evaluación.

Salvaguarda frente a la falsa independencia

Dado que la propuesta está dirigida a quienes prestan servicios con autonomía, el recibo protegido no podría utilizarse para presentar como independiente a una persona que trabaja bajo la dirección y el control de un empleador. El Tribunal Constitucional del Perú (2006) establece que la prestación personal, la remuneración y la subordinación permiten reconocer una relación laboral, aunque las partes hayan firmado un contrato de locación de servicios. La SUNAFIL (2022) también identifica la subordinación como el elemento que distingue ambos contratos. Cuando el contratante impone horarios, dirige de forma continua el trabajo o ejerce facultades disciplinarias, estas condiciones deben evaluarse conforme a la realidad de la prestación y no quedan justificadas por la emisión de un comprobante.

Aunque el análisis de los registros permitiría identificar ingresos concentrados durante varios meses en un mismo cliente, una dedicación equivalente a una jornada completa u otros indicios, ninguno de estos datos demostraría por sí solo la existencia de una relación laboral. El sistema podría utilizar un semáforo para distinguir las operaciones con menor nivel de alerta, los casos que necesitan información adicional y aquellos que requieren una revisión de la autoridad. Esta clasificación serviría para orientar la fiscalización, sin reemplazar la evaluación humana ni calificar automáticamente al trabajador como independiente o dependiente. La autoridad competente tomaría la decisión después de examinar cómo se presta realmente el servicio.

Simulaciones económicas y financieras

El modelo económico relaciona el honorario base, la tasa total de protección y el volumen formalizado. Con cien horas a S/ 30, el honorario base alcanza S/ 3 000 y la protección ilustrativa asciende a S/ 1 069.80, con lo cual el costo integral llega a S/ 4 069.80.

Protección = HB × r_T	(9)
HIP = HB + Protección	(10)

 

 

Tabla 6

Escenario mensual de cien horas con una tarifa de S/ 30

Nota. Simulación con una tasa total de protección del 35.66%. Elaboración propia.

Cuando la persona trabaja para varios clientes, cada operación se calcula por separado y la cuenta individual consolida los resultados. Un profesional que formaliza 40, 30, 20 y 10 horas con cuatro pagadores acumula cien horas sin trasladar a un cliente la información correspondiente a los demás.

HIP_total = Σ HIP_j, para j = 1 … m	(11)
F_k(T) = Σ A_(k,t) + R_k(T) − retiros_k(T)	(12)

En la ecuación 12, F_k representa el saldo de un fondo, A identifica los aportes, R corresponde a los rendimientos netos y los retiros dependen de las reglas de disponibilidad. La relación permite estudiar la acumulación más allá de un mes, aunque las simulaciones no incorporan rendimientos ni costos de administración.

Tabla 7

Escenario de ochenta horas mensuales con una tarifa de S/ 30

Nota. El valor anual supone doce meses con el mismo volumen y no incluye rendimientos, comisiones ni interrupciones. Elaboración propia.

La capacidad de pago puede modificar la demanda de servicios formales, de modo que una tasa más alta no garantiza una mayor protección total. El criterio de política debe relacionar la tasa con la base que efectivamente se formaliza. Esta relación también aparece en el análisis de la OCDE (2023), donde los costos de las contribuciones pueden convertirse en una barrera para trabajadores con ingresos bajos o variables.

Protección efectiva = tasa de protección × base formalizada

(13)

Una transición puede incorporar primero la previsión y la salud, después el fondo de contingencia y finalmente la estructura completa, o aplicar desde el inicio todos los componentes con tasas menores. El prestador también podría elegir un ahorro voluntario adicional, representado por r_v en la ecuación 14.

HIP* = HIP + r_v × HB

(14)

Casos prácticos

Los siguientes casos comprueban la consistencia aritmética del modelo bajo ocupaciones, tarifas y volúmenes distintos. No representan precios recomendados ni describen ingresos observados.

Tabla 8

Casos de aplicación del escenario central

Nota. El escenario usa una tasa total del 35.66%. En el caso de la MYPE se consideran 15 horas de contabilidad a S/ 40, 10 horas de ingeniería a S/ 80 y 15 horas de diseño a S/ 30. Elaboración propia.

La variación mensual también puede examinarse con honorarios de S/ 1 500, S/ 2 500, S/ 800, S/ 3 000, S/ 1 200 y S/ 4 000 durante seis meses. La base acumulada asciende a S/ 13 000 y la protección ilustrativa alcanza S/ 4 635.80. La utilidad del fondo de contingencia podría observarse cuando un período posterior no produce ingresos, aunque su capacidad real dependerá del saldo y de las condiciones de retiro.

Tabla 9

Escenarios nacionales de sensibilidad

Nota. Los valores muestran el resultado aritmético de los supuestos y no son proyecciones oficiales de adopción, recaudación o cobertura.

Impactos esperados, riesgos e indicadores

Al simplificar los trámites y reunir los pagos en un solo procedimiento, se espera que más trabajadores y contratantes utilicen el sistema y que un mayor número de servicios genere aportes efectivos de protección social. El trabajador podría acumular contribuciones procedentes de distintos clientes, mientras la MYPE conocería el costo completo del servicio y evitaría realizar varias gestiones por separado. Para el Estado, los registros permitirían verificar el destino de los recursos y disponer de información para evaluar las políticas de formalización. Estos beneficios deberán comprobarse durante el piloto, porque un costo elevado, una cobertura de salud que no responda a las necesidades del usuario o un procedimiento digital complicado podrían desalentar la participación.

Las condiciones de aporte deben considerar las diferencias de ingreso entre los trabajadores, ya que quienes reciben honorarios bajos pueden necesitar una mayor parte de sus recursos para atender los gastos cotidianos y tener menos posibilidades de ahorrar para el futuro. Antes de establecer montos mínimos, límites máximos, subsidios temporales o tasas diferenciadas, será necesario estudiar cuánto puede aportar cada grupo y cómo estas medidas influirían en su decisión de utilizar el sistema. El apoyo público debería facilitar la incorporación de quienes tienen menor capacidad de pago, con reglas de revisión que eviten incentivar la declaración de ingresos inferiores a los reales para conservar el subsidio.

Tabla 10

Riesgos del sistema y respuestas de diseño

Nota. Elaboración propia.

Tabla 11

Matriz de seguimiento y evaluación

Nota. La inscripción no se considera formalización efectiva cuando no existe ninguna operación protegida. Elaboración propia.

Costo, beneficio y sostenibilidad

La evaluación económica debe reconocer que la protección tiene un costo real y que la innovación propuesta se concentra en mostrarlo, distribuirlo y administrarlo mediante una operación sencilla. Los costos comprenden los componentes de protección, el desarrollo tecnológico, la interoperabilidad, la ciberseguridad, la operación, el soporte, la fiscalización, la capacitación y la evaluación. El presupuesto público no puede fijarse antes de determinar qué servicios existentes pueden reutilizarse y qué desarrollos adicionales necesita el piloto.

Los beneficios potenciales incluyen una mayor formalización, la ampliación de la protección efectiva, el ahorro previsional, la capacidad para afrontar interrupciones, la simplificación de los trámites, la trazabilidad de los pagos y una mejor información para las decisiones públicas. Cada beneficio deberá medirse frente a una línea base y monetizarse cuando exista una metodología válida, sin considerar como ganancia una inscripción que nunca produjo una operación protegida.

Beneficio neto social = beneficios incrementales − costos incrementales

(15)

La sostenibilidad dependerá de que las tasas, la adopción, los costos de administración y las prestaciones puedan mantenerse sin generar déficits permanentes ni desplazar las operaciones hacia la informalidad. El análisis actuarial del componente sanitario y las reglas de inversión de los fondos individuales son condiciones previas, mientras los subsidios públicos necesitarían una población objetivo, un plazo y un criterio de salida.

Programa piloto y ruta de implementación

La implementación comienza con un piloto voluntario orientado a validar la aceptación del Honorario Integral Protegido, el funcionamiento del recibo y la cuenta individual, la sostenibilidad de los componentes, la interoperabilidad, el costo por operación y la capacidad para prevenir la falsa independencia. Como referencia de diseño, se plantea trabajar con 10 000 independientes y 2 000 MYPE o contratantes en actividades de ingeniería, telecomunicaciones, tecnologías de información, contabilidad, consultoría, arquitectura, diseño y servicios técnicos.

Lima Metropolitana, Arequipa, Trujillo, Cusco y Piura pueden conformar una muestra territorial inicial, pero la selección definitiva dependería de la densidad de independientes y MYPE, la conectividad, la capacidad institucional y la diversidad de ingresos. El comité temporal de coordinación incluiría a las instituciones competentes y abriría espacios consultivos para los usuarios, mientras una universidad o un equipo independiente podría evaluar los resultados.

Tabla 12

Ruta de implementación propuesta para 2027–2030

Nota. El avance de una fase a la siguiente depende de los umbrales definidos en el protocolo de evaluación. Elaboración propia.

IFP = (participantes con actividad formal y protección efectiva / participantes registrados) × 100

(16)

El Índice de Formalización con Protección evita confundir una inscripción con un resultado. El escalamiento dependería de la adopción, la recurrencia, el costo administrativo, la seguridad, la cobertura efectiva, la sostenibilidad financiera y la ausencia de efectos laborales adversos. Si los umbrales no se alcanzan, la fase se corregiría antes de ampliar la población.

Figura 3

Síntesis del funcionamiento y la implementación de Una Hora Formal

Nota. Representación elaborada por el autor. La tasa del 35.66% es un escenario de simulación; el RHPS y la CIPSI son instrumentos propuestos. La distribución automática, los fondos y la intervención institucional necesitan habilitación legal, validación financiera y pruebas previas.

Propuesta normativa

El diseño requiere una Ley que defina los sujetos, los componentes, la administración de los fondos, el tratamiento tributario, la protección de datos, las infracciones y las salvaguardas laborales. La propuesta no puede aprobar tasas ni coberturas sin estudios actuariales y presupuestarios, pero sí puede establecer las bases para el piloto, la interoperabilidad y la evaluación. El anteproyecto completo se incorpora en el Apéndice A para conservar la formulación jurídica desarrollada.

Discusión

Una Hora Formal responde a una diferencia que las políticas suelen tratar de manera separada. La operación tributaria puede registrarse sin que la persona construya una protección contributiva continua, mientras la afiliación voluntaria puede existir sin un mecanismo que transforme cada pago en un aporte. La OIT (2024a) encontró que menos del 1% de los trabajadores independientes cotizaba al seguro potestativo de EsSalud, a pesar de que la afiliación general a algún seguro de salud era mayor. Esta diferencia respalda la necesidad de distinguir la cobertura nominal, la afiliación contributiva y la utilización efectiva.

La cuenta portable y la distribución vinculada al comprobante coinciden con la evidencia comparada que recomienda adaptar la frecuencia y la base de las contribuciones a los ingresos variables. McClanahan et al. (2026) muestran que los países han ensayado registros simplificados, subsidios focalizados, afiliación colectiva y mecanismos de cobro que reducen las barreras para los trabajadores por cuenta propia. El aporte de esta propuesta consiste en reunir esos criterios dentro de una operación digital que conserva el vínculo entre el servicio, el pago y la protección.

La tasa ilustrativa permite comprender la estructura, aunque el incremento del 35.66% puede resultar difícil de asumir en segmentos sensibles al precio. La OCDE (2018) advierte que los sistemas diseñados alrededor del empleo estándar dejan vacíos para los trabajadores no convencionales, pero la ampliación de la cobertura no puede ignorar la capacidad contributiva. En el Perú, la OCDE (2023) observó que las contribuciones pueden representar una carga elevada para los independientes de menores ingresos. Esta evidencia justifica probar tasas, componentes y subsidios diferentes antes de escoger un esquema nacional.

El componente de salud plantea la mayor exigencia financiera, porque una contribución mensual variable tendría que relacionarse con prestaciones que pueden requerir continuidad. La OIT (2024a) recomienda mejorar el seguro potestativo, facilitar la afiliación, precisar los beneficios y analizar la capacidad de pago. El modelo no puede limitarse a transferir el 9% de cada operación si no determina la cobertura, los períodos de carencia, la continuidad, la composición del riesgo y el financiamiento de los meses sin ingreso.

Los fondos de descanso y contingencia ofrecen una reserva individual que puede mejorar la capacidad para afrontar meses sin trabajo, pero deben conservar una denominación y una regulación distintas de las vacaciones y la compensación por tiempo de servicios. El vínculo laboral no depende del comprobante ni del método de pago, de modo que la tecnología necesita una salvaguarda visible y una fiscalización que aplique el principio de primacía de la realidad. La conveniencia administrativa para la MYPE no puede convertirse en una vía para reemplazar puestos subordinados.

La interoperabilidad reduce formularios y pagos separados, aunque también concentra información económica y crea riesgos operativos. El marco peruano de gobierno digital permite el intercambio entre entidades, mientras el nuevo reglamento de protección de datos exige responsabilidad desde el diseño. La cuenta individual tendría que limitar las consultas, registrar los accesos y separar la información de cada cliente. Una arquitectura útil no es la que copia todas las bases, sino la que intercambia el dato mínimo y deja evidencia del propósito.

La propuesta aporta una estructura evaluable porque define las ecuaciones, los flujos, los riesgos, los indicadores y las condiciones de escalamiento. Su principal limitación se encuentra en la ausencia de evidencia sobre la aceptación de los usuarios, la respuesta de la demanda y los costos de operación. El piloto debe incluir una comparación antes y después, grupos o segmentos equivalentes cuando sea viable, análisis por nivel de ingreso y entrevistas que expliquen por qué una persona adopta, abandona o evita el sistema.

Conclusiones

El análisis permitió concluir que la formalización del trabajo independiente necesita observar al mismo tiempo la operación tributaria, el ingreso y la protección social. Un recibo electrónico puede acreditar un servicio, pero no garantiza que una parte del ingreso se convierta en previsión, salud o reserva frente a la interrupción. La propuesta responde a esa brecha mediante una arquitectura centrada en la persona y capaz de consolidar aportes de varios clientes.

El Honorario Integral Protegido constituye el núcleo económico del modelo porque distingue el ingreso disponible de los recursos destinados a protección. El recibo protegido vincula el cálculo con el pago, mientras la cuenta individual conserva la continuidad entre proyectos. El pago único puede reducir la complejidad para las MYPE y mejorar la trazabilidad, siempre que la plataforma confirme la distribución y permita corregir las operaciones sin perder su historial.

La portabilidad resulta pertinente para los profesionales, los técnicos y otros prestadores con ingresos variables, aunque no resuelve por sí sola la sostenibilidad. El componente previsional necesita armonizarse con la legislación vigente y mantener coherencia con el carácter facultativo de los aportes independientes. El componente de salud requiere un estudio actuarial que relacione las contribuciones con la cobertura, mientras los fondos de descanso y contingencia deben definir la titularidad, la inversión, los costos y las condiciones de retiro.

El escenario del 35.66% demuestra la consistencia de la fórmula y permite comparar casos, pero no ofrece una tasa legal. Una carga elevada puede disminuir la contratación formal y reducir la protección efectiva, por lo que la decisión debe considerar la adopción, la base formalizada, el costo administrativo y la capacidad contributiva. Las pruebas con tasas del 15%, el 20%, el 25%, el 30% y el 35% permitirían identificar una combinación más sostenible.

La frontera entre el servicio independiente y el trabajo subordinado debe mantenerse durante todo el proceso. Ningún recibo, contrato o algoritmo puede reemplazar la evaluación de la prestación real. La concentración de ingresos, la continuidad o los horarios pueden orientar la fiscalización, pero una persona debe revisar las señales antes de adoptar una decisión jurídica.

La interoperabilidad permite reutilizar la infraestructura pública y evita crear una nueva burocracia, aunque requiere seguridad, privacidad, responsabilidades institucionales y procedimientos de continuidad. El sistema debe mostrar al trabajador el valor acumulado y al contratante únicamente la información de sus operaciones. La transparencia fortalece el beneficio percibido sin exponer la cartera completa del independiente.

La implementación gradual entre 2027 y 2030 ofrece una vía prudente para comprobar la hipótesis. El éxito no se medirá por el número de inscripciones, sino por las operaciones recurrentes, los aportes acreditados, la cobertura efectiva, los fondos acumulados, el costo por transacción y la ausencia de sustitución laboral. La expansión nacional solo será justificable cuando la evaluación independiente muestre que la propuesta mejora la formalización y la protección sin desplazar el empleo ni excluir a quienes tienen menores ingresos.

Recomendaciones

La siguiente etapa debería comenzar con una mesa técnica temporal que reúna al Congreso, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el MEF, la SUNAT, EsSalud, la Oficina de Normalización Previsional, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y la SUNAFIL. La participación de los independientes, las MYPE, los colegios profesionales y las universidades permitirá revisar la experiencia del usuario, la capacidad de pago, los criterios de autonomía y los indicadores del piloto antes de redactar la versión final de la ley.

El MEF debería estimar la elasticidad de la contratación y el costo fiscal de cualquier incentivo, mientras EsSalud necesita desarrollar el estudio actuarial del componente sanitario. La SUNAT puede evaluar la integración con el recibo electrónico y la conciliación de pagos; las entidades previsionales deben facilitar aportes proporcionales y voluntarios; y la SUNAFIL debería diseñar una supervisión basada en riesgo que mantenga la decisión humana.

La plataforma tendría que aplicar la privacidad, la ciberseguridad y la identidad digital desde el diseño, publicar indicadores agregados y anonimizados y someterse a pruebas de carga, seguridad, recuperación y conciliación. Antes de cualquier escalamiento, una evaluación externa debería comparar la adopción, la permanencia, la protección, el costo y las consecuencias laborales. La pregunta central no consiste en escoger el porcentaje más alto, sino en identificar el nivel de protección que los trabajadores y los contratantes pueden sostener sin regresar a la informalidad.

La visión del programa puede expresarse sin confundir la sencillez del mensaje con la complejidad de su implementación. Un solo recibo documentaría el servicio, un solo pago distribuiría los recursos, varios clientes podrían aportar a la misma cuenta y una trayectoria de protección acompañaría a la persona. El lema Una hora formal, una hora con protección resume esa aspiración, pero su cumplimiento dependerá de los resultados del piloto y de las salvaguardas jurídicas y financieras.

Protección sostenible = f(tasa, adopción, base formalizada, costo administrativo)

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Declaraciones

Financiamiento. El estudio fue desarrollado con recursos del autor.

Conflicto de intereses. El autor declara que no existe conflicto de intereses.

Aprobación ética. No fue necesaria porque el estudio no involucró participantes humanos ni utilizó información personal identificable.

Disponibilidad de materiales. Las ecuaciones, los supuestos y las tablas necesarias para reproducir las simulaciones se incluyen en el artículo.

 

Referencias

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